El pasado miércoles, 7 de septiembre, el Senado aprobó a la propuesta de reforma constitucional del artículo 135, tras haber rechazado las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios. El proceso de reforma ha contado desde el inicio con el respaldo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que ya expresó el pasado 25 de agosto “su completo apoyo al proceso de reforma constitucional”, dado que tiene como objetivo “introducir los principios de estabilidad presupuestaria y control del endeudamiento en nuestra Carta Magna, y, de esta forma, garantizar una permanente situación de solvencia en las cuentas públicas españolas a todos los niveles” como señala la confederación en un comunicado conjunto con CEPYME.

¿En qué afecta a las empresas la existencia de estabilidad presupuestaria?
 
La reforma, como afirma la CEOE, surge para introducir en la Constitución medidas que logren la estabilidad presupuestaria, pero, ¿cómo nos afectará este cambio a nosotros? Sin duda, la credibilidad de las finanzas públicas es un requisito indispensable para la buena marcha de toda economía. Por este motivo, sin estabilidad presupuestaria se crea incertidumbre sobre el futuro y volatilidad de los mercados financieros, frenando la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo. Por el contrario, unas finanzas públicas saneadas en todas las Administraciones Públicas crean las condiciones de estabilidad que se precisan para crecer y crear empleo.

Además, al estar la economía española inserta en la Unión Monetaria Europea, los requisitos de estabilidad financiera son aún más imprescindibles, como han demostrado los acontecimientos de los últimos meses. En este sentido, CEOE y CEPYME apoyan los esfuerzos que están haciendo las principales fuerzas políticas españolas para realizar una reforma constitucional que refuerce la credibilidad de la economía española y ayude a sortear en menor tiempo esta crisis y garantice la estabilidad para el futuro.

"No es un capricho, es una necesidad”

Con estas palabras el representante socialista, José Ignacio Pérez Sáenz, reconoce que la reforma es necesaria para avalar nuestro crédito, para aumentar la confianza económica en España y para propiciar y facilitar soluciones a las instituciones europeas". Frente a este apoyo, la reforma se ha encontrado con la oposición del resto de fuerzas políticas, que censuraron tanto su contenido como el procedimiento por el que ha sido aprobada.

Texto del nuevo artículo 135 de la Constitución

Texto del artículo 135 antes de la reforma

Otras novedades legislativas

Además de la insistencia de CEOE de la necesidad de reformas que abordaran el control del gasto público corriente, con convicción y coherencia, la Confederación Empresarial denunció a mediados de agosto la falta de flexibilidad interna en España, uno de los países de Unión Europea donde menos se ha utilizado en los últimos tres años.

"La flexibilización interna, a través de la reorganización de los recursos humanos en la empresa, permite reducir el coste social de la crisis y aumentar la productividad" según recoge la CEOE en un documento bajo el título "La flexibilidad interna de las empresas en la Unión Europea".

El documento señala que es fundamental facilitar la utilización de la flexibilidad interna que no solo permitiría a las empresa ajustarse a las nuevas condiciones económicas, flexibilizando las condiciones laborales y los convenios colectivos, sino también reducir la dualidad del mercado laboral, entre los trabajadores con contrato indefinido y los que lo tienen temporal. Esto incentiva la utilización de la flexibilidad externa, concentrando la reducción del personal en los trabajadores menos protegidos.

Sin embargo, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto no incluyó modificaciones relativas a la contratación a tiempo parcial como proponían CEOE y CEPYME, si bien, dieron luz verde a otras como el nuevo contrato de formación, para jóvenes de hasta 30 años

Contrato de formación “con plenos derechos laborales y de protección social”

El nuevo contrato de formación que, hasta 2013, se puede realizar a menores de 30 años, entró en vigor, tras la publicación, el 30 de agosto de 2011, en el Boletín Oficial del Estado, del Real Decreto de “medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo” (para descargar el Decreto publicado en el BOE, pulse aquí).

De esta forma, entraron en vigor las iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros, con la excepción de la prórroga de la ayuda de 400 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones. Por ejemplo, ya se aplica la suspensión, durante dos años, de la obligación de hacer fijos a los trabajadores que hayan encadenado contratos temporales por 24 meses, durante un periodo de 30. El decreto también amplía, hasta 2013, la asunción por parte del FOGASA del pago de 8 días por año trabajado en los despidos por causas objetivas que estén justificados y que implican una indemnización por despido de 20 días por año trabajado.