APERTURA

Críticas a la reforma del Servicio Navarro de Empleo, por parte de los agentes sociales más representativos

La reforma del Servicio Navarro de Empleo "ha sido una decisión unilateral del Gobierno de Navarra, adoptada sin el consenso de los agentes económicos y sociales que han participado en la cogestión de dicho organismo desde su creación, ignorando sus criterios y aportaciones, y sin siquiera informales previamente de la decisión que se iba a adoptar".

Con esta dureza se manifestó UGT, en una nota de prensa emitida el 2 de diciembre, día en el que el Gobierno de Navarra aprobó los nuevos estatutos del Servicio Navarro de Empleo (SNE), que, entre otros, han introducido las siguientes novedades:

  • Se ha reducido hasta el 10% el límite mínimo de representación en las elecciones sindicales para sumar a ELA y LAB al Consejo de Gobierno del SNE, donde ya figuraban UGT y CCOO como representantes sindicales. A este respecto, la nota de UGT señala que ese límite del 10% es “una cifra absolutamente arbitraria, que no tiene otro objetivo que facilitar el acceso al SNE a los sindicatos nacionales, pero únicamente a ellos, y que ignora la Ley Orgánica de Libertad Sindical en lo referente a los requisitos que deben cumplir las organizaciones sindicales para tener la condición de más representativas en una Comunidad Autónoma, requisitos que en Navarra solo cumplimos UGT y CCOO”.
     
  • Por la parte empresarial, a la representación de la Confederación de Empresarios de Navarra, que es la organización empresarial más representativa, se ha sumado un vocal de las organizaciones que representan a la economía social (CEPES). A su vez, CEPES representa a entidades de economía social, como ANEL, UCAN o REAS Navarra (Red de Economía Alternativa y Solidaria). Esta última se ha manifestado, en las últimas fechas, en cuestiones tales como la reforma fiscal planteada por el Gobierno de Navarra, no solo considerando positiva la subida de impuestos, sino reclamando incluso ir más allá, ya que, argumentan desde la Plataforma de Economía Solidaria (que integra REAS), “deberíamos competir con el resto de comunidades autónomas no por pagar menos impuestos, sino por tener mejores servicios”.
     
  • Se suprime el requisito del consenso para la toma de decisiones, y, tal y como señala la propia nota de prensa del Gobierno Foral, “será el Gobierno de Navarra el que asuma la responsabilidad en la toma de decisiones sobre las políticas públicas de empleo”. Se trata, por tanto, según las declaraciones recogidas por el responsable de Comunicación de CCOO en Diario de Navarra, Daniel Hernández, que “el Gobierno de Navarra tendrá la última palabra y en la práctica hará lo que quiera”. Este también sostiene que “no es la mejor forma de empezar la nueva etapa del SNE, mediante una aprobación unilateral de los estatutos”.
     
  • El Gobierno de Navarra también señala que “el Consejo de Gobierno mantiene la capacidad de decisión sobre las líneas estratégicas del organismo, pero se asigna a los técnicos del SNE la asignación concreta de recursos, la valoración de proyectos y el control de las actuaciones”. Este modelo ya se venía produciendo, si bien el presidente de CEN, José Antonio Sarría, también en declaraciones a Diario de Navarra, criticaba el “excesivo peso público” en el nuevo enfoque de la gestión del organismo. De hecho, y tal y como reconoce la propia nota emitida por el Ejecutivo foral, “los nuevos estatutos refuerzan el papel del SNE, potenciando la gestión pública de los servicios para el empleo y se crea un sistema integrado de los servicios públicos ofrecidos en este ámbito. Este cambio tiene su reflejo en el proyecto de Presupuestos para 2016, que ve crecer la dotación para la actividad propia del SNE”.

Por otra parte, Diario de Noticias también recogía valoraciones de los sindicatos ELA y LAB. El primero de ellos, rechazando su incorporación al organismo, ya que “no ha habido cambio de modelo”. Por otra parte, este diario también recoge las declaraciones de Igor Arroyo, de LAB, que, tras la reforma, “se avanza en la democratización”, si bien “no solo se necesitan unos nuevos estatutos, sino que Navarra adquiera la capacidad plena para legislar sobre el ámbito laboral”.