Según esta definición, se puede realizar una clasificación de los autónomos en relación a sus obligaciones en materia preventiva:

• Autónomos sin trabajadores a su cargo. En este caso no es obligatorio contar con una organización preventiva, aunque no hay que olvidar su deber básico de  cumplir  con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que la ley o los contratos que tengan suscritos le imponga, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar donde está prestando sus servicios ( art.5 LETA).
   
• Autónomos que concurren en un mismo centro de trabajo con otros autónomos o empresas tienen la obligación  de cooperar y establecer medios de coordinación para la aplicación de la normativa de prevención y especialmente para lograr un desarrollo seguro de las distintas  tareas (art.24). Los aspectos claves que se deben tener en cuenta son:
  • La empresa que contrate trabajadores autónomos, correspondiente a la propia actividad y desarrollados en su propio centro de trabajo tiene que vigilar que se cumplen todos los requisitos exigidos en materia de prevención.
  • El autónomo recibirá instrucciones e información específica de cómo prevenir los riesgos existentes y las medidas a tomar en una situación de emergencia.
     
• Autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso se convierten en “empresario” teniendo que cumplir con todas las exigencias de la LPRL mediante la adopción de una   organización preventiva  para  garantizar la  salud y seguridad de los trabajadores a su servicio.

Derechos y  obligaciones

Los derechos y obligaciones de este colectivo están contenidos básicamente en el artículo 24 de la LPRL y el artículo 8 de la  LETA:

• El artículo 4.3 e) de la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajador autónomo (LETA)  establece como derecho individual del trabajador “su integridad física y la protección adecuada de su seguridad  y salud en el trabajo”.
   
• Así mismo  el  trabajador  tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo inminente para su   vida o salud (8.7 LETA).
   
• Cuando  operen  con  maquinaria, equipos, productos y útiles, ajenos o propios, deben atender a las instrucciones de los fabricantes  y suministradores.
   
• Pueden y deben exigir la información e instrucciones adecuadas  en relación con los riesgos existentes en el puesto y las medidas preventivas y de emergencia en los casos de concurrencia  con  otras empresas o trabajadores.
   
• Deben intercambiar información y por escrito de forma recíproca que contemplará aspectos de prevención, protección y emergencia,  antes del inicio de las actividades.
   
• Los acuerdos de interés profesional, aunque existen muy pocos, que regulen esta materia, también se aplicarán a los trabajadores económicamente dependientes (TRADE).
   
• En el sector de la construcción tienen unas responsabilidades adicionales que se determinan principalmente en el RD 1627/97 de Obras de Construcción.
   
• No es exigible al trabajador autónomo, garantizar una  vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, aunque en la práctica en determinadas empresas y actividades se exija, sí en el caso de que contrate trabajadores a su cargo.

Responsabilidad  en materia preventiva

El incumplimiento del trabajador autónomo de sus obligaciones en materia de  prevención de riesgos laborales puede dar lugar a tres tipos de responsabilidad:

• Responsabilidad administrativa. La Inspección de Trabajo podrá sancionar  tanto por actuaciones incorrectas, como la pasividad en el cumplimiento de las obligaciones preventivas (ej. tareas de coordinación).
   
• Responsabilidad civil. Se refiere a las enfermedades, patologías o lesiones  sufridas con motivo  u ocasión del trabajo.  El perjudicado deberá acreditar los daños sufridos, a través de secuelas físicas, pérdidas económicas, sanciones administrativas.
   
• Responsabilidad penal. Se produce cuando los  hechos acaecidos constituyen un delito, es decir se exponga a los trabajadores a determinadas circunstancias que puedan producir lesiones o incluso la muerte.

Fuentes

• Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, www.funprl.es
   
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es
   
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
   
• LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.
   
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN de prevención de riesgos laborales.

                             Arantxa Fernández

Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales de CEN