El reglamento cede a los centros la propiedad de los libros en lugar de que pertenezcan a la Administración educativa.

Esta variación supone relegar a las familias a un papel secundario en beneficio de los colegios que podrán utilizar la ley para financiarse. De hecho, el 70% de los centros ya se han preparado para adquirir directamente los libros y gestionarlos ellos, ya que ven en esta ley una vía de financiación. La mayoría de los centros están negociando directamente con las editoriales la compra de libros.

Las asociaciones empresariales recurrentes consideran que deben ser las familias las receptoras de las ayudas mediante un bono-cheque que les permita adquirir los libros donde estimen oportuno. Lo contrario supone primar que las editoriales y distribuidoras se dirijan a la venta a detalle saltando toda regla de transparencia y competencia de los mercados.

En este caso, una ley pensada para beneficiar a las familias acabará convirtiéndose en una ley que trata a las familias como sujetos pasivos, sin capacidad de decisión o elección, y que abre una vía de financiación para que los centros escolares se conviertan en empresas comerciales -sin costes estructurales y sin pagar IAE- a costa de poner en grave riesgo la supervivencia de más de 200 establecimientos cuyo principal ingreso anual proviene de la venta de libros de texto.

La situación es tan absurda como pensar que los centros de salud puedan obtener ingresos extraordinarios a través de la dispensa directa de medicamentos suministrados por los laboratorios, al margen de las farmacias. Por ello, la Asociación de Vendedores de Prensa y Revista, la Asociación de Libreros y la Federación de Comercios presentarán próximamente el recurso pertinente para evitar una distorsión evidente de la Ley foral del libro por intereses nada relacionados ni con las familias, ni con la cultura.