CEN, ANEL y UCAN reclaman unos presupuestos realistas y exentos de electoralismo
Advierten del insostenible incremento del déficit público ante el descenso de la recaudación fiscal
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) ha reclamado unos presupuestos realistas y exentos de electoralismo, en sus aportaciones previas a la confección de los PGE para 2011, durante la sesión del Consejo Económico y Social celebrada el pasado 29 de julio.
Como ya lo hicieran en el último informe remitido al CES en relación con los presupuestos generales de Navarra 2010, las aportaciones de CEN se han presentado conjuntamente con la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN) y la Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL).
En su informe, estas organizaciones defienden que los presupuestos que pacten no se alejen de la realidad al estimar sus ingresos y gastos, ni que contengan significativas disminuciones de partidas destinadas a inversión en beneficio o como forma de compensar el incremento de partidas denominadas como “gasto social”.
De esta forma, reclaman de los partidos políticos que la imprescindible negociación entre el Gobierno foral y la oposición para alcanzar suficiente apoyo parlamentario a los presupuestos 2011, no supongan que los presupuestos que se pacten se alejen de la realidad a la hora de estimar ingresos y gastos, ni dispongan una significativa disminución de las partidas destinadas a inversión, para compensar el incremento de las partidas denominadas como de “gasto social”. Solicitan a los partidos políticos comprometidos con esta comunidad y con su viabilidad futura que, aún siendo conscientes del potencial desgaste electoral que ello pueda suponer frente a otras posiciones y comportamientos políticos mucho menos responsables, olviden la proximidad de las elecciones autonómicas del próximo año y aprueben unos presupuestos realistas y ajustados a la situación económica que sufrimos, que estén exentos de electoralismo y de toda demagogia, con la vista puesta en las posibilidades reales de Navarra y en las futuras generaciones, entendiendo que esta responsabilidad les es exigida especialmente en razón de la gravedad de la actual crisis económica.
En su análisis de la situación económica, las tres organizaciones advierten del insostenible incremento del déficit público, provocado fundamentalmente por el espectacular descenso de la recaudación fiscal, que en Navarra ha supuesto una disminución de los ingresos en 500 millones de euros. Este hecho impide el equilibrio presupuestario en el actual contexto. Por ello, reconocen que no serán posibles unos presupuestos que respondan al principio de déficit cero, tal y como han venido defendiendo históricamente.
Debido a ello, los firmantes reclaman que el endeudamiento se utilice de forma coherente, dando prioridad a la hora de aplicar el gasto a aquellas partidas que generen economía, como son facilitar recursos a la inversión productiva y al apoyo de políticas de estímulo básicas (políticas activas de empleo y de I+D+i, por ejemplo). En esta línea, también reclaman el apoyo a empresas viables en crisis, y la continuidad de las medidas de estímulo del consumo, que tan buenos resultados han dado en los dos ejercicios anteriores.
También destaca el informe algunos factores que van a complicar la confección de los Presupuestos Generales para 2011, como el límite al endeudamiento autonómico impuesto por el Gobierno central a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que de forma igualitaria ha impuesto a todas las autonomías un límite de endeudamiento idéntico sin considerar para nada la diferente situación en la que se encuentra su economía y sus finanzas, su nivel de endeudamiento ni su distinta capacidad para hacer frente a esa deuda. A ello han de añadirse otras medidas de restricción de la inversión (especialmente, en obra pública) que, sin duda, perjudicarán al empleo; la congelación de las pensiones y el recorte de sueldo a los funcionarios, que –al reducir su capacidad económica- incidirán negativamente en el consumo, así como el efecto que sobre el consumo está teniendo ya la reciente subida del IVA.
Según el informe, los presupuestos han de seguir manteniendo un marcado carácter social. De hecho, señala que la sociedad no puede dejar en desamparo a la importante masa de desempleados y de aquellas personas que han agotado sus prestaciones por desempleo están próximas a hacerlo, y que se ven obligadas a recurrir a la prestaciones de tipo asistencial, como la renta básica. Reflexión global sobre el “Estado del Bienestar”
También solicitan al Gobierno, en los próximos presupuestos, políticas presupuestarias que mejoren los ingresos, y creen riqueza y empleo. De esta forma, consideran que deben contemplarse partidas que mejoren la competitividad de las empresas, además del desarrollo y aplicación del Plan Moderna y del mantenimiento de los compromisos adquiridos en materias derivadas del diálogo social (como los Planes de Empleo o Tecnológico).
En cuanto a la valoración de los gastos, sin discutir que la protección social se extienda a aquellos ciudadanos que padecen la crisis con mayor rigor, y precisamente por su enorme dimensión, reclaman que el “gasto social” sea tratado con el máximo rigor y control. Además de este gasto, también someten a criterio del Gobierno la posibilidad de reconsiderar la urgencia en la materialización de algunas obras públicas contenidas en el Plan Navarra 2012.
Una medida injusta y que no aborda el núcleo del problema
El informe critica, por inadecuada, la medida del Gobierno central de recortar los salarios de los funcionarios. En primer lugar, porque es una iniciativa igualitaria que trata injustamente a los funcionarios solventes que trabajan con dedicación, en relación con aquellos que no cumplen con su misión. En segundo lugar, porque no ataca el problema de fondo, que es el de la ineficacia de la administración y su sobrado tamaño.
De hecho, las tres entidades lamentan que, en los años de profunda crisis 2008 y 2009, el gasto en personal al servicio de la administración foral haya crecido más de un 20%. Una situación que califican de inexplicable e insostenible, que no puede ser admitida en los próximos presupuestos. En su opinión debe realizarse un profundo análisis del modelo de la administración, en el que consideran imprescindible la colaboración con el sector privado de una forma mucho más eficaz y eficiente. Esto conllevaría una reducción de costes para el erario público, y, por la tanto, para el contribuyente.
También se advierte del incremento de gasto que viene experimentando el Departamento de Salud, que ha pasado de 640 millones de euros en 2005 a los 990 millones del presupuesto 2010 que, además resultan insuficientes, como lo demuestra la reserva presupuestaria de hace unos pocos meses. En esta materia proponen que, además de realizar un estudio a fondo sobre la utilización de los recursos de Salud, y que se valore y estudien medidas como el copago de la atención sanitaria o el denominado “ticket moderador”, que serían implantadas con ánimo disuasorio y nunca recaudatorio.
También se hace una referencia a la desafortunada circunstancia de que la puesta en marcha de la cartera de servicios sociales (para la que está previsto destinar 825 millones en el periodo 2008-2011) haya coincidido con el inicio y agravamiento de la crisis económica, de forma que en un mismo escenario deben enfrentarse compromisos recientes con una dramática disminución de ingresos. Este efecto se agrava, además, por el envejecimiento de la población, y su correspondiente necesidad de recursos destinados tanto a la atención sanitaria como a la dependencia.
En este sentido, los firmantes recomiendan medidas de contención del gasto como el aplazamiento de la implantación de nuevas prestaciones garantizadas (priorizándolas de un modo razonable), a la espera de mejores tiempos; la mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión de esos recursos, contando para ello con la colaboración privada; y el control del fraude que pudiera producirse.
Reunión del CES
El Consejo Económico y Social de Navarra (CES) se reunió en el Palacio de Navarra con el fin de analizar, entre otros temas, la actual situación económica de Navarra e iniciar una primera aproximación a la confección de los Presupuestos Generales de Navarra de 2011.
Bajo la presidencia del vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, este organismo abordó un orden del día que incluía el análisis del Informe sobre la situación económica de Navarra, el estudio del Informe sobre el Plan MODERNA.
El consejo efectuó, asimismo, un primer acercamiento a la confección de los Presupuestos Generales de Navarra 2011, tras la aprobación ayer, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los objetivos de estabilidad presupuestario con el apoyo unánime de las comunidades autónomas (que aceptaron la limitación de no incurrir en un déficit público superior al 1,3% en 2011 y 2012, y al 1,1% en 2013).
De esta forma, reclaman de los partidos políticos que la imprescindible negociación entre el Gobierno foral y la oposición para alcanzar suficiente apoyo parlamentario a los presupuestos 2011, no supongan que los presupuestos que se pacten se alejen de la realidad a la hora de estimar ingresos y gastos, ni dispongan una significativa disminución de las partidas destinadas a inversión, para compensar el incremento de las partidas denominadas como de “gasto social”. Solicitan a los partidos políticos comprometidos con esta comunidad y con su viabilidad futura que, aún siendo conscientes del potencial desgaste electoral que ello pueda suponer frente a otras posiciones y comportamientos políticos mucho menos responsables, olviden la proximidad de las elecciones autonómicas del próximo año y aprueben unos presupuestos realistas y ajustados a la situación económica que sufrimos, que estén exentos de electoralismo y de toda demagogia, con la vista puesta en las posibilidades reales de Navarra y en las futuras generaciones, entendiendo que esta responsabilidad les es exigida especialmente en razón de la gravedad de la actual crisis económica.
En su análisis de la situación económica, las tres organizaciones advierten del insostenible incremento del déficit público, provocado fundamentalmente por el espectacular descenso de la recaudación fiscal, que en Navarra ha supuesto una disminución de los ingresos en 500 millones de euros. Este hecho impide el equilibrio presupuestario en el actual contexto. Por ello, reconocen que no serán posibles unos presupuestos que respondan al principio de déficit cero, tal y como han venido defendiendo históricamente.
Debido a ello, los firmantes reclaman que el endeudamiento se utilice de forma coherente, dando prioridad a la hora de aplicar el gasto a aquellas partidas que generen economía, como son facilitar recursos a la inversión productiva y al apoyo de políticas de estímulo básicas (políticas activas de empleo y de I+D+i, por ejemplo). En esta línea, también reclaman el apoyo a empresas viables en crisis, y la continuidad de las medidas de estímulo del consumo, que tan buenos resultados han dado en los dos ejercicios anteriores.
Las tres organizaciones también llaman a una reflexión global sobre la capacidad económica de nuestra comunidad y del propio estado español para el sostenimiento a largo plazo del denominado “Estado del Bienestar” en sus términos actuales. Señalan cómo otros países, en mejor situación económica, están ajustándolo a sus posibilidad reales, tal y como lo hizo en su momento Suecia o lo están haciendo actualmente países como Francia o Alemania.
Del mismo modo, consideran que la solución a este dilema no puede traducirse en un aumento de la presión fiscal a empresas y ciudadanos, ya que ello, además de afectar al consumo, privaría de atractivo a la creación de nuevas empresas en nuestra comunidad o al traslado de otras a ella. En este sentido, demandan al Gobierno que no incremente el Impuesto de Sociedades por encima del actual 30%, entre otras razones, porque éste es mucho más elevado que la media europea, que se sitúa en el 23,2%. 
Asimismo, advierten de que la presión fiscal a las denominadas “rentas altas”, además de aportar tan sólo un 3,7% del total de la recaudación, resulta cuasi-confiscatoria si sumamos lo que un empresario paga por los Impuestos de Sociedades, IRPF, IVA e Impuestos Especiales. En realidad, afirman, las grandes fortunas tienen acceso a determinados instrumentos financieros que reducen esa presión fiscal, lo que hace recaer la carga impositiva en las clases medias y medias-altas. Por otra parte, los firmantes animan al Gobierno a intensificar su lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que, además de ser elementos de competencia desleal, perjudican a la competitividad del empresario cumplidor. 
En cuanto a la valoración de los gastos, sin discutir que la protección social se extienda a aquellos ciudadanos que padecen la crisis con mayor rigor, y precisamente por su enorme dimensión, reclaman que el “gasto social” sea tratado con el máximo rigor y control. Además de este gasto, también someten a criterio del Gobierno la posibilidad de reconsiderar la urgencia en la materialización de algunas obras públicas contenidas en el Plan Navarra 2012.
El informe critica, por inadecuada, la medida del Gobierno central de recortar los salarios de los funcionarios. En primer lugar, porque es una iniciativa igualitaria que trata injustamente a los funcionarios solventes que trabajan con dedicación, en relación con aquellos que no cumplen con su misión. En segundo lugar, porque no ataca el problema de fondo, que es el de la ineficacia de la administración y su sobrado tamaño.
De hecho, las tres entidades lamentan que, en los años de profunda crisis 2008 y 2009, el gasto en personal al servicio de la administración foral haya crecido más de un 20%. Una situación que califican de inexplicable e insostenible, que no puede ser admitida en los próximos presupuestos. En su opinión debe realizarse un profundo análisis del modelo de la administración, en el que consideran imprescindible la colaboración con el sector privado de una forma mucho más eficaz y eficiente. Esto conllevaría una reducción de costes para el erario público, y, por la tanto, para el contribuyente.
También se advierte del incremento de gasto que viene experimentando el Departamento de Salud, que ha pasado de 640 millones de euros en 2005 a los 990 millones del presupuesto 2010 que, además resultan insuficientes, como lo demuestra la reserva presupuestaria de hace unos pocos meses. En esta materia proponen que, además de realizar un estudio a fondo sobre la utilización de los recursos de Salud, y que se valore y estudien medidas como el copago de la atención sanitaria o el denominado “ticket moderador”, que serían implantadas con ánimo disuasorio y nunca recaudatorio.
