El seminario "La responsabilidad de los administradores en las sociedades de capital", organizado por la Confederación de Empresarios de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, concluyó el pasado martes, 5 de junio, con una sesión en la que se abordó la responsabilidad civil del empresario por bienes o servicios defectuosos, así como su responsabilidad medioambiental.
Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense
"Se plantean muchas soluciones para reducir la dilación en los trámites de la Administración de Justicia. Lo más fácil es defender que se gaste más: que se creen más órganos, etc. Pero la clave está en, con recursos limitados, obtener mejores resultados". Ésta fue una de las ideas arrojadas por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Francisco Cabrillo, en el desayuno de trabajo "Justicia y Economía", que organizó el martes, 5 de junio, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
Justicia y Economía En el mundo empresarial una sentencia tardía realmente puede servir de muy poco Francisco Cabrillo
Que la justicia espaņola funcione bien tiene un efecto positivo en la economía Juan Manuel Fernández
Desayuno de trabajo "Un buen funcionamiento de la justicia es una condiciķn necesaria para que la economía vaya bien" José Antonio Sarría
El catedrático se refirió también a otros problemas de la Justicia, como los que puede ocasionar el exceso de apelaciones e instancias. “Es bueno que haya apelaciones porque disminuye el número de errores en sentencias y crean jurisprudencia. Sin embargo, ¿dónde está el límite? Porque los costes son extraordinariamente elevados”, planteó Cabrillo. En este sentido, se ofrecen soluciones como la creación de tasas judiciales.
Cabrillo centró su intervención en los efectos que la Justicia tiene en la economía y en la sociedad, y que recoge en el libro “La economía de la Administración de Justicia”, que presentó el pasado marzo en el propio Consejo General del Poder Judicial. Según él, para resolver problemas como el de los retrasos en los juzgados es necesaria tanto una mejor gestión (por ejemplo, reorganizar los juzgados), así como una reforma de las normas procesales. “Los retrasos de la Administración de Justicia afectan muy directamente al ámbito de la empresa, ya que una sentencia tardía puede crearle problemas muy graves”.
“Existe consenso en que debe establecerse algún tipo de tasa, pero no que financie el 100% del proceso”, consideró Cabrillo. Además, señaló que “no es seguro que una imposición de tasas reduzca la litigación”. En esta misma línea, también se ofrecen soluciones como la condena en costas. Un sistema que Cabrillo reconoció que es poco frecuente en el modelo norteamericano, donde se limita a “casos donde una parte litiga de manera temeraria y se niegue a llegar acuerdos con la otra parte”. Esta condena se da con más frecuencia en nuestro país.
Otro aspecto que se puso de manifiesto fue la importancia de la especialización de los jueces en materias relacionadas con la economía, por ejemplo, a la hora de interpretar un balance en el caso de un concurso de acreedores. Sin embargo, cuando se crearon los juzgados de lo mercantil no se previó que fuera a ver tantas quiebras de empresa como en la actualidad, “y un concurso de acreedores de una mínima entidad ya paraliza un juzgado durante un año”, advirtió Cabrillo.
El papel del juez como un asignador de recursos a la actividad económica
El catedrático subrayó la relevancia que tiene el papel del juez “como asignador de recursos en la economía”. Por ejemplo, a la hora de abordar un caso de derecho a prestaciones sociales o de arrendamientos urbanos. Por eso, Cabrillo señaló que, muchas veces, “decisiones de los jueces, aun hechas con muy buena voluntad, pueden llevar a resultados muy ineficientes desde el punto de vista económico”.
En este sentido, Cabrillo también subrayó la importancia de cómo el sistema elige a sus jueces. Por una parte, está el modelo funcionarial (el juez es un funcionario que aprueba una oposición) y, por la otra, el modelo de acceso a la judicatura a través de la abogacía. De hecho, “hay países donde no se concibe que uno sea juez si no ha trabajado un mínimo de diez años en el ejercicio profesional”, explicó el ponente. Esto conlleva una mayor movilidad entre la abogacía, la judicatura y, en buena medida, el mundo académico.
Según Cabrillo, “un juez que ha ejercido la profesión puede tener una visión del mundo de la empresa que otro juez no tiene”. De esta forma, uno de los problemas de nuestro sistema es que “la mayoría de los jueces españoles son jueces siempre”, y, por lo tanto, “estos jueces suelen tener una visión menos permeable a la visión de las empresas en la sociedad”.
La importancia de la seguridad jurídica para la inversión extranjera
La apertura de la jornada corrió a cargo del presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández. Éste puso de relieve “la repercusión de la justicia en la actividad económica”. De hecho, además de los costes de su administración, los fallos de la justicia también pueden perjudicar en la confianza de las empresas y de los inversores extranjeros.
“En aquellos países donde la seguridad jurídica es dudosa, las inversiones se retraen o tienen un coste muy superior”, explicó Fernández. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra también puso de manifiesto la cantidad de dinero que se encuentra paralizado en los órganos judiciales, que cifró en 40.000 millones de euros, por lo que reclamó la importancia de la “agilidad en la tramitación de los pleitos”.
Con todo ello, Fernández se mostró partidario de las “medidas de agilización y eficiencia” en la administración de la Justicia, pero no en las medidas disuasorias. “Al ciudadano no se le debe disuadir a que acuda a los órganos de la Justicia”, señaló, pero sí consideró que “los asuntos se celebren con la mayor celeridad posible y con un estándar de calidad y motivación”.