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Debate
CEN acoge la jornada "¿Debe haber límites en la comunicación?", organizada por Guardia Civil
La Zona de la Guardia Civil de Navarra celebró, el 26 de noviembre, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, una jornada relativa al tratamiento en los medios de comunicación de la información de carácter Policial/Judicial. Lo hizo con ocasión del 30 aniversario de la constitución de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de dicho cuerpo.

Bajo el título “¿Debe haber límites en la Comunicación?: hacia un manual de buenas prácticas que responda a todos los intereses”, se llevó a cabo un debate donde se puso de relieve las diferentes sensibilidades e intereses del conjunto de partes existentes en el Proceso Judicial - fundamentalmente sobre hechos de índole penal- en lo relativo a su tratamiento en los medios de comunicación social. 
 
La jornada estuvo inaugurada por el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, y el Coronel Jefe de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín.
 
Dicha jornada estuvo estructurada en dos partes, una primera de ponencias y una segunda, de debate. Y hubo unanimidad entre los participantes en cuanto a la necesidad de una reforma legislativa que sea la que delimite de una forma más clara y meridiana las actuaciones de los diferentes Órganos e Instituciones intervinientes en el procedimiento Judicial.
 
Las ponencias fueron impartidas por:
 
- Fiscal D. Jaime Goyena Huerta en representación de la Fiscalía en Navarra.
 
- D. Gonzalo Ruiz Eraso, Responsable de la Oficina de Comunicación TSJN
 
- D. Fernando Bouzas Martín, Capitán Jefe UOPJ Guardia Civil de Navarra
 
- D. Fernando Azagra Díaz, Vicedecano del MICAP
 
- D. Miguel Ángel Barón Calvo, Decano del Colegio Navarro de Periodistas
 
 
- D. Patxi Pérez Fernández, Presidente Asociación de Periodistas de Navarra
 
Tanto el Decano del Colegio de Periodistas como el Presidente de la Asociación de Periodistas insistieron en la dificultad de marcar límites en la información, más allá de los ya recogidos en la legislación actual y lo dispuesto en el artículo 20 Constitución. Sin ser partidarios de la necesidad de establecer manuales de buenas prácticas que aunaran las actuaciones del conjunto de partes intervinientes en el procedimiento judicial, recalcaron la existencia del código deontológico por el que deben regirse los profesionales del periodismo. Evidenciaron, a su vez, la necesidad de una actualización legislativa.
 
El Vicedecano del MICAP, como representante de las víctimas y de los encausados en los procedimientos Judiciales/policiales, insistió en la vulneración que en ocasiones se da de la presunción de inocencia y en los daños a la intimidad, tanto de víctimas como de presuntos autores, con la consiguiente victimización secundaria. Apostó por una modificación legislativa en relación con esta materia y expuso el cambio que se produjo recientemente en relación a la “estrategia de la defensa de cara a la opinión pública”, dándose en algunos casos una sobre-exposición de los abogados en medios de comunicación.
 
El responsable de la Oficina de Comunicación del TSJN incidió en que los límites son los que marca la legislación actual y, por ende, los Jueces, y expuso el Protocolo de Comunicación en vigor dispuesto por el Consejo General del Poder Judicial. Planteó, a su vez, la necesidad de una mayor formación de los periodistas en el conocimiento de los aspectos judiciales/jurídicos de los procedimientos.
 
El representante de la Fiscalía defendió y explicó el deber de reserva de los Jueces y Fiscales en los procedimientos Judiciales que persigue el fin social público que se espera de la Justicia, que no es otro que una “Sentencia Justa”. La sobre-información y exposición en los medios de todo lo relativo a investigaciones y procedimientos judiciales, señaló, sin duda puede tener efectos negativos en los mismos.
 
Por su parte, el responsable de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, resaltó la importancia de una estrategia de comunicación eficaz para que la propia sociedad a la que se sirve valore la actuación de los entes públicos. Por otro lado, defendió la necesidad de la objetividad y veracidad contrastada en la información a difundir, tratando de evitar todo perjuicio a las víctimas y a la presunción de inocencia de los investigados. Igualmente, recalcó la importancia de evitar la publicación de toda información que pueda entorpecer la investigación policial y judicial, haciendo mención a casos que han tenido repercusión nacional, como puede ser el homicidio de Diana Quer. Finalmente, recalcó la necesaria profesionalización de los gabinetes de prensa de los Cuerpos policiales.
 
Con una asistencia cercana al centenar de personas, en la segunda parte de la jornada tuvieron lugar las intervenciones de los asistentes.
 
Entre ellas, la de una profesional del Instituto de Psicología Jurídica y Forense, quien efectuó una reflexión en cuanto al perjuicio que se causa en numerosas ocasiones con la publicación de excesivos datos que nada pueden aportar al interés público o general y que permiten tanto la identificación de víctimas como la exposición de detalles. Todo ello causa un daño aún mayor a las víctimas del ilícito en cuestión.
 
Se puso de relieve también por parte varios de los intervinientes la posibilidad de centralizar la difusión de las notas de prensa en la fase de investigación en el órgano Judicial.
 
Fueron muchos los interrogantes que quedaron en el aire y que merecerían un tratamiento específico. Entre otros, la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, la diferencia entre el carácter público de las sentencias y la publicación de las sentencias, la parcialidad o imparcialidad de los medios de comunicación, la importancia de las redes sociales en la difusión de la información y en la inmediatez al acceso de la información, etc. 
 
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