“Productividad: la asignatura pendiente” (José Antonio Sarría, en Expansión, 27 de noviembre)

“Estamos saliendo de la crisis”, así lo señala, a la luz de los datos, el presidente de CEN, José Antonio Sarría, en una colaboración publicada en Expansión, en la que indica cómo “el PIB presenta una trayectoria positiva. La demanda interna crece y empezamos a reducir cifras de paro. Sin embargo, Sarría se pregunta “¿qué ocurre con la productividad?” e insiste en la necesidad de no bajar la guardia en este aspecto para “evitar que, en futuras crisis, volvamos a ser los campeones en las cifras de desempleo”. Según el presidente de la patronal navarra, esto es algo que corresponde tanto a la Administración como a las empresas.

Por parte de las administraciones, “siendo más eficaces, ayudando y no entorpeciendo, reduciendo regulación y trámites burocráticos, evitando duplicidades entre comunidades y administración central. En definitiva, abordando el proceso que permita atender las necesidades de los ciudadanos de forma eficiente, ágil y transparente”. En cuanto a las empresas, Sarría incide en que “es necesaria una importante transformación que las sitúe como el lugar de encuentro entre trabajadores y empresarios. Esto exige un cabio cultural por parte de todos: empresarios, directivos, trabajadores y sindicatos”.

En este sentido, “la negociación colectiva nos brinda una magnífica oportunidad para poner el objetivo en el crecimiento y rentabilidad de la empresa, de forma que esta sea más fuerte y competitiva y, así, aumente su valor”.

“La CEOE pide fondos públicos para formar a negociadores” (El Mundo, 8 de diciembre)

De hecho, también el presidente de la CEOE, Juan Rosell, puso en valor el papel de la negociación colectiva, en declaraciones recogidas por El Mundo. Este afirma que el diálogo social supone un importante ahorro económico al país: “en 1979, el peor año de huelgas, se perdieron 171 millones de horas y ahora apenas se pierden 20 millones de horas al año. Eso supone en dinero, a 20 euros la hora, un ahorro de 3.200 millones gracias al diálogo social que logra que no haya huelgas”.

Según este diario, Rosell también propone que, tras las elecciones del 20-D, se relance el diálogo social mediante, “entre otros instrumentos, fondos públicos para formar a los negociadores del futuro. El planteamiento es que el Estado aporte hasta 300 millones para formación y tecnología de representantes de los trabajadores y de la empresa, porque la patronal y los sindicatos disponen de recursos para afrontar este gasto”.

“Ya ni Podemos destroza la actual política económica” (Juan Rosell, en El Mundo, 7 de diciembre)

Este mismo medio publicó, el lunes, una entrevista con el presidente de CEOE, en la que analiza la campaña y apunta que “si se cumplen las encuestas va a ser imprescindible un pacto y eso es lo más normal del mundo. Bienvenidos sean. Los empresarios estamos acostumbrados a pactar, los partidos deben habituarse también”, indica Rosell, al que incluso se le pregunta por una gran coalición PP-PSOE: “habrá que ver los resultados, pero también debe ser posible una gran coalición de ellos en España. En Alemania a veces el partido democristiano y el socialdemócrata forman gran coalición o a veces de enfrentan”, contesta el presidente de los empresarios.

“Proteger el ahorro en los planes de pensiones” (Miguel Valverde, en Expansión, 7 de diciembre)

Esta es la propuesta del columnista de Expansión, que se hace eco de cómo “muchos servicios de estudios, instituciones empresariales y muchos académicos han encontrado la solución para el sistema público de pensiones en pedir que, obligatoriamente, los trabajadores dediquen una parte de su salario a un plan de la empresa”. Así, “buscan un sistema mixto de pensiones formado por la prestación de la Seguridad Social, un plan de empresa y, en su caso, un plan individual”.

Sin embargo, el 99,9% de las empresas tiene menos de 250 trabajadores e incluso algo más del 55% ni siquiera tiene asalariados. “Esto significa que, en torno, a 1,7 millones de empresas son individuales: autónomos sin asalariados. El 80% de ellos cotiza por la base mínima permitida a la Seguridad Social. De las empresas con trabajadores -1.440.000-, el 91% tiene menos de diez empleados; 108.383 son pequeñas; el 1,2% son medianas, y tan solo unas 5.000 compañías –el 0,3%- son catalogadas como grandes empresas, con más de 250 trabajadores. Por lo tanto, si no es con planes sectoriales, difíciles de organizar, es muy complicado que las pymes y las microempresas tengan capacidad de hacer un plan de pensiones. O puedan pagar tales salarios que sus empleados puedan hacerlo”.

“Las empresas declararán al Fisco en tiempo real el 80% de sus facturas” (ABC, 10 de diciembre)

“El Gobierno aprobará en breve un Real Decreto para que las empresas informen al Fisco de todo este volumen de operaciones de forma electrónica a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII)”. Tal y como adelanta el diario ABC, las empresas que facturen más de seis millones de euros, que ascienden a 62.000, tendrán que adoptar este modelo de información automático desde 2017. Se trata, por tanto, de un “gran hermano” fiscal, “ante el que organizaciones como CEOE han pedido a la Agencia Tributaria que lo aplace por el tiempo y coste que implicaría el cambio”.