“No hay paz para la CEOE” (El País, 23 de noviembre)

Esta semana, la prensa se ha hecho eco desde distintas perspectivas del proceso electoral de CEOE, que culminará el próximo 17 de diciembre, y que cuenta con las candidaturas del actual presidente de CEOE, Juan Rosell, y del actual presidente de Cepyme, Antonio Garamendi. El pasado fin de semana, el diario ABC contrapuso, el pasado domingo, los programas de ambos.

Por ejemplo, de Juan Rosell, el diario destaca su apuesta por la “transparencia, ética y regeneración”, y que “el empresario promete preservar la unidad de mercado en España y mantener el diálogo social”. ABC recoge las declaraciones de Rosell, como balance de sus cuatro años al frente de la patronal, en las que “marca el camino para un inmediato futuro como patrón de patronos”: “nos queda mucho por hacer internamente y externamente. Hemos de aunar esfuerzos poniendo en valor los aspectos positivos y desterrando los negativos que son conocidos”. Así, el presidente “aboga por regenerar la organización y por imponer el código ético también en las organizaciones integrantes de la CEOE”.

En la página contigua, el diario resume las propuestas de Garamendi en “recuperar prestigio y más participación”. Según ABC, el candidato quiere una organización empresarial más independiente, que tome la iniciativa, además de un compromiso con la ética y la transparencia. Este medio sostiene que Garamendi “persigue recuperar la influencia perdida por la patronal y dar más voz a las organizaciones, ‘de abajo a arriba’”. Dicho esto, añade: “Garamendi quiere una CEOE más transparente, en la que no se produzcan irregularidades como las cometidas por Jesús Terciado o Arturo Fernández”. Por otra parte, en el programa del presidente de Cepyme, “la defensa de la unidad de España es clave”.

Ese mismo domingo, el diario El País recogía también algunos datos del proceso electoral, como el de que “los 773 votantes de las elecciones (387 dan la mayoría) se reparten entre federaciones sectoriales y territoriales de forma proporcional a su peso en la CEOE. En este sentido, son las federaciones de Cataluña (45 votos), Madrid (45), País Vasco (14), Andalucía (12) y Comunidad Valenciana (10) las principales territoriales, mientras que en las sectoriales dominan Construcción (40), Confemetal (25), Eléctricas (30), Banca (25) y CECA (25). Aun y todo, es Cepyme la que cuenta con la máxima representación (83)”.

El diario El País también adelanta que Cataluña y, en principio, Madrid, gobernada por Arturo Fernández, apoyan a Juan Rosell; mientras que la vasca y la andaluza se inclinan por el aspirante, Antonio Garamendi. En las sectoriales, el dirigente vasco tiene el apoyo del metal y la construcción (CNC), aunque no piensan así las grandes constructoras (Seopan), con 14 votos.

Por otra parte, este mismo medio también contrataba distintos puntos de los programas de los dos candidatos, como es respecto a su posición acerca de las mutuas de accidentes de trabajo. “Para Rosell, la negociación ha dado como resultado una normativa –ahora en el Senado- que refuerza el carácter empresarial, su eficacia y el fortalecimiento de su patrimonio histórico. ‘Podemos estar razonablemente satisfechos’ subraya. Garamendi contesta: ‘Hay mucha gente que siente que somos mutualistas en las pérdidas, no en los beneficios’”.

Garamendi también publicó, ayer jueves, un artículo en el diario Cinco Días, que, bajo el título “con voz propia y propuestas concretas”, asegura que “es el momento de retomar el espíritu reformista de los primeros años de la legislatura y de plantear nuevas iniciativas. Por ejemplo, un nuevo avance en la reforma fiscal ya aprobada, que atienda y colabore realmente con el fortalecimiento de las empresas de menor dimensión; o una inmediata rebaja de las cargas sociales, así como políticas de estímulo a la inversión, a la innovación y a la internacionalización…”.

“La fórmula de las pensiones apunta a varios años de alza mínima del 0,25%” (El País, 26 de noviembre)

“En 2015 las pensiones subirán un 0,25% por segundo ejercicio consecutivo. No será el último año de subida mínima”. Así lo recoge El País, haciéndose eco del informe, publicado el martes, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que muestra que “el sistema de pensiones estará en déficit, al menos, hasta 2020”. Este ente fiscalizador también pide al Ministerio de Empleo más transparencia en los datos de pensiones.

“Los contratos temporales aumentan un 4,6% en el último año” (El Economista, 25 de noviembre)

Un “claro aumento de la contratación temporal”. Así lo sostiene el diario El Economista, a la luz del Monitor Anual de Ocupación de Adecco para 2014, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejados en la Encuesta de Población Activa (EPA). Según esta fuente, de los 289.200 asalariados nuevos con los que contaba nuestro país en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2013 (lo que supone un incremento del 2% en tasa interanual), 154.800 lo eran mediante un contrato temporal, lo que implica un aumento del 4,6%, además de representar el 54% de los empleos asalariados creados. También se señala que la caída del empleo autónomo en un 1,4%, es decir, 29.100 trabajadores menos.

El reportaje también hace una “radiografía del empleo asalariado”, indicando que, por ejemplo, Navarra tiene un índice de 16,8% de asalariados públicos sobre el empleo total (la media nacional está en 16,7%). Asimismo, el ratio de asalariados temporales sobre el total es de 24,3% (la media nacional es del 24,6%), siendo la sexta comunidad con menor tasa de temporalidad.

“La economía sumergida esconde más de tres millones de empleos” (Expansión, 27 de noviembre)

Así lo recogió el diario Expansión, que se hace eco de un estudio elaborado por Randstad y la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, con documentación de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo. Según el informe, si se legalizasen esos 3,3 millones de empleos, la tasa de paro “bajaría un 50% o 60%”. Es decir, descendería desde el 23,7% de la población activa del nivel actual al 12% u 11%. La cifra actual de parados es de 5.420.000, según la EPA.